Artículo por Omar Cavero

Cuando salieron a la luz los decretos legislativos contra los cuales las comunidades indígenas reclaman hoy, tomando medidas de fuerza y en pie de protesta; las reacciones en medios intelectuales, ciudadanos y actores políticos capitalinos, fueron leves y en algunos casos inexistentes.

Por ejemplo, en el caso del DL 1015, que flexibilizaba el proceso de venta de tierras comunales, el tema fue presentado por el gobierno como una cuestión de forma. Supuestamente -en palabras del ministro Brack- se trata de homogenizar los procedimientos pues lo de la mayoría simple ya se da en las comunidades costeras. Hablar de atentar contra la propiedad comunal es pura paranoia.

Pero también hubo denuncias más fuertes a través de artículos y declaraciones públicas, que señalaban que se trataba de una norma anticonstitucional (la Defensoría presentó una denuncia) y que desconocía la autonomía que el Convenio 169 de la OIT (ratificado por el Perú en 1994) le reconoce a los pueblos indígenas. Algunas organizaciones indígenas convocaron un plantón frente al BID, esta acción no tuvo gran acogida. La sensación general en la capital fue la de siempre: artículos van, artículos vienen y aparecen temas más llamativos; desde los críticos, un botón más para alimentar la amargura cotidiana; desde los conformes o sólo apáticos, una queja irracional de algunos quejumbrosos.

Pero los pueblos indígenas se juegan la vida con estas normas. No se trata de una demanda de aumento de salarios en un sector, ni un conflicto por repartición del canon. Siendo reivindicaciones legítimas aquellas, ésta las sobrepasa en gravedad. Los pueblos indígenas amazónicos se han levantado en bloque, dispuestos a no retroceder, porque perder sus territorios significa desaparecer. Los pueblos indígenas andinos aún no se han radicalizado, sus organizaciones de base no son tan férreas ni están unidas, pero lo más seguro es que se sumen a las medidas de lucha en los días venideros.

El conflicto que se abre ante nuestros ojos debe analizarse con detenimiento porque pone al descubierto, a nuestro parecer, la verdadera dirección que tiene el modelo económico vigente, que se traduce en este régimen político: los intereses del capital transnacional determinan la agenda pública, el ordenamiento de prioridades y, en general, el margen de juego de nuestro Estado.

Desde el Ejecutivo todo esto es tildado de crítica “politizada” o “ideologizada” (en el sentido más chato de estas palabras): las ideologías decimonónicas se resisten a morir, el perro del hortelano que no deja avanzar al Perú, y etc. Pero vayamos a lo concreto. ¿Cuál es la plataforma del paro indígena amazónico? ¿Qué pasa con los susodichos decretos? ¿De verdad ponen en riesgo a las comunidades y a nuestra Amazonía? ¿Qué de ideológico hay en todo esto?

Sobre los decretos y la propiedad comunal

La plataforma de AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, tiene once puntos, pero el más fuerte, por el que no darán un paso atrás, es el siguiente:

“Derogatoria inmediata de los Decretos Legislativos Nº 1015 y Nº 1073 (inconstitucionales), Nº 994, Nº 1020, Nº 1064, Nº 1081 y Nº 1090 por atentar contra los territorios indígenas y el archivamiento definitivo de los Cinco Proyectos de Leyes N° 840, 1770, 1900, 1992 y 2133.”

En los últimos días han circulado análisis exhaustivos de los decretos legislativos citados en la demanda, y también de los proyectos de ley. Procuraremos retomar los que nos parecen más relevantes (elección difícil).

En el caso del DL 1015, el problema es el siguiente. Formalmente la propiedad no se ha violado. El Estado no ha irrumpido en ninguna comunidad alienando sus territorios. Más allá de que en los hechos ya lo ha venido haciendo desde inicios de la república, lo cierto es que este decreto en particular no es de ese tipo. El punto fundamental es que se atropella la autonomía comunal, porque no hay consulta previa en la elaboración ni en la aprobación de las normas. Es por ello que la Defensoría ha presentado una acción de inconstitucionalidad. Sencillamente, un proceso interno de administración de territorio se ha violado desde el gobierno central. Y a eso súmesele que el Estado ha ratificado tanto el Convenio 169 de la OIT como la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ambos documentos subrayan el derecho a la autonomía y a la consulta.

El DL 1073 procuraba corregir el anterior decreto. Aquí se establece que para poder votar en la sesión de asamblea que decida una venta, un alquiler o cualquier otra disposición sobre un territorio; no basta con asistir sino que hay que ser comunero posesionario de tierras por más de un año. ¿Se soluciona el problema? Definitivamente no. Sigue decidiendo una minoría dentro de la comunidad, y sigue decidiendo una minoría, ilegítima, sobre cómo debe decidir la comunidad.

La tristemente famosa Ley de la Selva, es el proyecto de Ley 840. Se estancó, felizmente, en el pleno del Congreso. Sin embargo, una jugada rápida del Ejecutivo, elaboró un decreto legislativo –aprovechando las facultades legislativas dadas a propósito del TLC- camuflando los fines subrepticios del proyecto de ley: facilitar las concesiones de terrenos amazónicos a empresas transnacionales. Aquella carta bajo la manga es el DL 1090, que pone en funcionamiento la nueva “Ley forestal y de fauna silvestre”.

¿Cuál es el problema con el DL 1090? La cuestión está en que las tierras que formarán parte del Patrimonio Nacional Forestal, serán solamente aquellas “cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal” (art. 6). Además, el decreto desconoce el uso tradicional de las comunidades nativas y campesinas. La visión de desarrollo occidental se impone: las comunidades “deberán contar con su Plan de Manejo aprobado por autoridad competente” (art. 15). Claro, se olvidan que las comunidades nativas han cuidado la Amazonía mejor que nosotros sin ningún “plan de manejo” que tenga que acreditar ningún Estado. Pero el tema más fuerte se encuentra aquí: el DL se presenta con el objetivo de “normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de recursos forestales”, pero deja un vacio en lo que refiere a contratos de otorgamiento de concesiones. ¿Qué se protege, norma y regula? El decreto sólo llega a ponerle trabas a madereros informales, pero las grandes transnacionales son  bienvenidas con una regulación muy indirecta e inefectiva. Lo que sí se dice es que podrán darse concesiones, por iniciativa privada, hasta de 40 años y que el espacio podrá ser hasta de 40 mil hectáreas.

Las piezas del rompecabezas: los territorios comunales en riesgo

En los 60’s el cerco de la Cerro de Pasco Copper Corporation crecía cada día unos metros, por encima de las comunidades campesinas. Otras veces los gamonales compraban jueces para que desconozcan los contratos coloniales de los comuneros (que incluso ni deberían necesitarlos). Hoy hay mucha prensa, muchos observadores, y la embestida es más sutil, con decretos que en clave jurídica reafirman la firme e histórica convicción del Estado peruano de desmantelar y avasallar a las culturas originarias.

Con el breve análisis presentado hasta el momento el rompecabezas va tomando forma. Lo que se busca es flexibilizar lo más posible los procedimientos para que la inversión extranjera tenga lugar. Desde la óptica de este gobierno, los inversores son el Perú, si ellos avanzan el Perú avanza. De otro modo, estamos condenados al subdesarrollo y al populismo (palabra que le encanta a Boloña y a De Althaus).

Para que todo sea “conforme a ley”, prevén que será fácil acercarse a una comunidad en pobreza extrema, sobornar con una miseria a algunos comuneros y ofrecer algunos céntimos por sus terrenos. ¿Y si hay minerales o petróleo, no deberían entonces volverse millonarios los dueños de esas tierras? Como dice Rodrigo Montoya, en Texas (EE.UU.) así sería; aquí, sin embargo, uno es dueño de lo que está encima, pero no del subsuelo, que es “propiedad de la nación”; que en estos años, vale igual a decir, propiedad de un puñado de intereses particulares, y extranjeros.

Y más grave es con las tierras amazónicas. No importa si existen comunidades que utilizan y conviven con esos recursos para mantener vivas sus sociedades. No importa condenar a la desaparición a los pueblos originarios; y mucho menos interesa consultarles. Tampoco es relevante tener la certeza que la riqueza energética, fáunica y forestal de nuestra Amazonía es invaluable; ni que las guerras de este milenio girarán, como proyectan muchos especialistas, en torno a la posesión de agua dulce -y nuestra selva contiene la cantidad más importante de este recurso en el Planeta. ¿Qué es lo que interesa, lo que verdaderamente importa? La inversión.

El mapa del Perú

El 16 de Agosto, el diario La República publicó:

“El Perú es el país de Latinoamérica que ha dado en concesión la mayor parte de su Amazonía para proyectos petroleros y gasíferos, revela un estudio elaborado por dos organizaciones estadounidenses e investigadores de la Universidad de Duke. El dato resulta sorprendente a primera vista: el 72% de la selva peruana, es decir, 49 millones de hectáreas, está cubierta por lotes hidrocarburíferos. (República 16.8.8)”

Veamos el mapa que nos presenta el citado estudio:

(Fuente: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0002932)

El Perú como medio geográfico no es uno solo. Ninguna geografía existe sin una visión particular que la señale, y en el Perú coexisten múltiples visiones. Se trata de visiones que esconden siempre intereses, unos más legítimos que otros; y como en todo país, aquí hay luchas de intereses y de visiones. Nuestra particularidad (común a la mayoría de países de la región), sin embargo, está en que estos conflictos de hoy siguen siendo expresiones de contradicciones que tienen origen colonial y que persisten ante un Estado que se ha construido sobre múltiples cegueras.

Cuando los pueblos originarios reclaman por sus derechos y se organizan en defensa de sus territorios, no sólo denuncian al proyecto neoliberal y al capitalismo en su fase transnacional; también denuncian el dominio de la civilización occidental y de la cultura criolla, que han construido un Estado que los asume inexistentes. Denuncian también la imposición cultural de un Estado monolingüe, de una sociedad racista que los considera primitivos, de un sistema educativo que inculca a sus niños que uno progresa en tanto se acerque más a lo que es la sociedad blanca, “civilizada”, a ese modelo consumista de falsa felicidad.

Nuestra República libre e independiente, es tal sólo para una minoría. Los pueblos indígenas reclaman una verdadera democracia. Siguen existiendo, han permanecido en sus territorios aguantando los más cruentos embates. Los han atacado físicamente, les han arrebatado sus sustentos, los han condenado a la pobreza, los han agredido incluso culturalmente. Hoy quieren dar la estocada final dejándolos sin territorios. Como veníamos diciendo, la lucha de los pueblos indígenas en este paro amazónico es de vida o muerte, y pone al desnudo las injusticias más flagrantes de nuestra patria, que se refuerzan con el proyecto neoliberal de culto fundamentalista al capital.

Estabilidad así no

Por último, algunos dirán: “sí pues, es verdad, hay que derogar esos decretos, pero no hay que frenar tanto la inversión, la inestabilidad no le hace bien a nadie”. Los dos pilares para el desarrollo, en mente de varias personas, es: estabilidad e inversión. Ese es justamente el balance al que llega Oppenheimer en “Cuentos chinos”. Para él los países que desarrollan son aquellos que mantienen altas tasas de crecimiento económico, que se logran con estabilidad e inversiones.

Nadie en su sano juicio quiere un país inestable, ni nadie pretende que un país sobreviva, mientras se mantenga dentro del capitalismo, sin ningún tipo de inversión. La pregunta de rigor es: ¿podemos hablar de desarrollo si defendemos la estabilidad y las inversiones per se? Cuando esta defensa se concibe como un mandato dogmático, lo que es un indicador se convierte en un objetivo, y se genera un perversión que favorece sólo a los que personifican el indicador. El indicador es crecimiento económico, que se logra con inversión, que, a su vez, se atrae y se mantiene con estabilidad. El crecimiento económico se convierte en el objetivo del desarrollo.

¿Pero el desarrollo no significa acaso que las personas tengan la capacidad de ser felices, teniendo sus necesidades satisfechas y viviendo dignamente? Pues lamentablemente nuestros últimos tres gobiernos no lo ven así. Ellos siguen los mandatos de los organismos financieros internacionales, no siguen el mandato de sus pueblos. Para estos organismos la prioridad está en la conservación de sus inversiones y los programas de “desarrollo social” son relevantes en la medida que apacigüen los ánimos de rebeldía de la gente, y provean “recursos humanos” para sus empresas.

La estabilidad que se quiere defender no tiene validez alguna si lo que se mantiene “estable” es la injusticia, la pobreza, el abuso contra los pueblos. No se puede pretender deseable una estabilidad que se yergue sobre el sufrimiento de las mayorías. Necesitamos sacudirnos del yugo de esa minoría que acomoda el “estado de derecho” a la medida de sus intereses de lucro personal.

Eso requerirá organización, resistencia, movimientos sociales democráticos, alternativas políticas. Los decretos legislativos sólo ponen de manifiesto la cara más explícita de esta embestida, que convierte a nuestro país en una mercancía más, a nuestra gente en piezas desechables y baratas, a nuestras vidas en meros medios para mantener el beneficio particular de unos pocos. Sendero Luminoso exigía una “cuota de sangre” para su supuesta revolución. Alan García, vocero del capital transnacional, exige como cuota, a los pueblos indígenas y a todos los peruanos, sus recursos, su dignidad, su vida misma. ¿Para qué? Para mantener la “estabilidad” de las transnacionales. Muy pronto se dirá “por Dios y el Capital” en toda juramentación.

Es hora de resistir, los pueblos indígenas no están solos. ¡Ni un paso atrás!

Descarga el artículo como PDF